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LO QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS OCULTABA  

Cada año, todos los diputados nacionales tienen la posibilidad de donar una importante suma de dinero a las ONG que deseen. Este dinero, por supuesto, proviene de fondos del Estado y es entregado a la Organización que cada magistrado señale.

Ahora bien, la cuestión gira en torno a qué entidades beneficia cada uno de los 257 miembros de esta cámara, y  con cuánto dinero las subsidia.

Dado que el dinero del que disponen es público, lo correcto sería que la población esté al corriente de estos datos, sin embargo, hasta el momento de realizar la investigación nadie había podido dar con esta información.

El equipo de investigación de FOPEA, entonces, se dispuso a investigar este hecho para tratar de dilucidarlo, pero las tentativas para dar con algún tipo de respuestas por parte de los magistrados fueron vanas.

El acceso a la información pública, es un derecho, no obstante, este aún no tiene carácter de Ley Nacional, aunque sí existe un decreto al respecto pero que solo tiene alcance para el Gobierno Nacional y no contempla el Parlamento, por lo que en realidad los Diputados no están obligados legalmente a publicar este tipo de información.

Lo cierto es que por alguna razón esto se ocultaba y FOPEA pudo constatarlo. En la lista “fantasma” que  Diputados publica cada año sobre las ONG subsidiadas se encontraron con Organizaciones sospechosas que más tarde confirmaron que en realidad el fin último del dinero era para usos políticos.

¿En qué consistió la investigación?

FOPEA inició la investigación tras una sospecha, luego confirmada, de que muchas ONG son en realidad, coberturas para la transmisión de fondos desde el Estado hacia la política.

En un principio se utilizaron mecanismos formales para obtener la información. Apelando a la buena voluntad de los diputados, enviaron por mesa de entrada, una carta a cada jefe de bloque para que informase acerca del listado de las entidades a las que benefician y el monto correspondiente  a cada una de ellas.

La respuesta fue escasa, solo 9 de los 257 miembros de la Cámara enviaron sus respuestas: Amenta, De Narváez, Belous, Ginzburg, Katz, Macaluse, Morandini, Pinedo y Tomaz.

También se presentaron pedidos a los ministerios y a las áreas que acostumbran a repartir los subsidios.

Mientras se esperaban las respuestas, se comenzó a trabajar sobre una base de “fundaciones sospechosas” partiendo de una de las 2 únicas bases de datos sobre el tema, la del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.

El trabajo fue arduo, muchas de las actividades se realizaron online, como el acceso a base de datos, además para favorecer de esta forma la interconectividad  entre los miembros del grupo de investigación que se encontraban en distintos lugares geográficos.

Se encontraron con varios inconvenientes, por un lado las mencionadas evasivas de la Cámara de Diputados, y por otro con trabas del tipo burocráticas en muchas ocasiones ligadas con la falta de transparencia.

Las fundaciones subsidiadas, por su parte, también ofrecieron resistencia a la hora de  ofrecer información acerca de los gastos en que emplean los miles de pesos que el Estado les dona.

¿Cuáles fueron los resultados?

Tras esta investigación del equipo de investigación de FOPEA publicada con datos precisos, entrevistas, testimonios, y documentos, actualmente la información está disponible para todos, se ha actualizado y ampliado las bases de datos del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, logrando un paso más hacia el derecho a la información.

Esta investigación es un ejemplo de la función que debe cumplir el periodismo, ser un servicio para la sociedad y dilucidar casos que se ocultan y que hacen al interés público.